Hoy 3 de abril de 2013 la democracia española conmemora el trigésimo cuarto aniversario de las primeras elecciones municipales.
Aquel día, cientos de miles de andaluces y andaluzas inauguraban con su voto la democracia más inmediata que conocemos.
Esa alegría recuperada en las plazas y calles de Andalucía, que tantos años había esperado a elegir en libertad a concejales y concejalas, contrasta con el horizonte político que tienen nuestros pueblos y ciudades merced a la reforma de la administración local que impone el Gobierno de España en manos del Partido Popular.
Lo que fue ilusión ahora es incertidumbre, lo que fue esperanza ahora es desafección, lo que fue recuperar libertades y derechos, ahora es un lento e inexorable proceso de pérdida y recortes.
Concejales y concejalas en los ayuntamientos, entidades locales autónomas, mancomunidades y diputaciones provinciales de Andalucía alzamos hoy día de la Democracia Local en España nuestra voz en contra de la propuesta de reforma de la administración local aprobada por el Consejo de Ministros en su reunión de viernes 15 de febrero de 2013, fecha que pasará a la historia negra de la democracia en España por ser el comienzo de un ataque partidario contra la autonomía municipal, un principio constitucional y pilar básico de nuestro modelo de convivencia, de democracia y de participación de la ciudadanía.
Reiteramos públicamente, sin descanso y con la legítima ambición de frenar este severo golpe a la Constitución y al Estatuto de Andalucía, nuestro rechazo a la reforma articulada por el actual Gobierno Central. Es un retroceso de la democracia en España, adoptado en un proceso actual de desafección colectiva hacia la política, de recortes de derechos fundamentales de la ciudadanía y de políticas erróneas y erráticas en materia económica, organización territorial y social.
La propuesta nutre punto por punto los males que aquejan a nuestra democracia, porque criminaliza con demagogia la representación y el ejercicio político municipal con un falso debate sobre retribuciones y sueldos, porque fulmina el principio de rentabilidad social de los servicios públicos, sobre todo aquellos que se prestan en municipios pequeños, porque aleja los centros de decisión política y reconcentra el poder en instituciones políticas de elección
indirecta y porque va ser impuesta de manera dictatorial sin previo debate público y político sobre nuestro modelo territorial.
Valoración sobre la reforma. Gobierno Andaluz. Susana Díaz
Los pueblos y ciudades perderán servicios o los van a tener más caros y de peor calidad. Los ayuntamientos de Andalucía van a salir a concurso público mediante la privatización de los servicios públicos de manera directa o mediante la recentralización de las competencias a las diputaciones provinciales, con el argumento de que cuesta mucho que los vecinos y vecinas de un pueblo de menos de 5.000 habitantes tengan derecho a los mismos servicios que los habitantes de las grandes ciudades, plagadas de asesores con sueldos millonarios. El espíritu de la reforma diluye el derecho a tener los mismos servicios públicos viva donde viva cada cual, a elegir libremente la residencia de nuestras familias, a tener derecho a vivir donde uno quiera.
Alertamos del impacto que tendrá la propuesta en el desmantelamiento del sector público, la liberalización de servicios y la privatización de sectores -sobre todo en las grandes ciudades y municipios-, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, que calculamos pueden ser 250.000 en España y 40.000 en Andalucía.
En estos treinta cuatro años de gobiernos locales, nadie puede negar la función dinamizadora que han tenido los ayuntamientos, salvando las críticas, las más de las veces, de derroche de recursos públicos. A día de hoy, podemos afirmar con orgullo que ningún pueblo andaluz ha desaparecido en estas más de tres décadas de democracia local. Ha sido posible porque el desarrollo rural ha sido prioritario para los gobiernos de la Junta de Andalucía, como vehículo de cohesión territorial e igualdad de oportunidades.
El papel dinamizador de las políticas públicas y la contribución municipal en las economías locales puede ser historia, lo cual servirá de justificación futura para el remate final de esta reforma. El supuesto ahorro para los ayuntamientos, y por tanto, para los bolsillos ciudadanos es falso, ya que las competencias que pasan a las autonomías tendrán un coste que será abonado por los entes locales, y las competencias impropias dejarán de prestarse. Es decir, la propuesta no tiene nada que ver con mejorar la gestión, sino que persigue la eliminación o privatización de servicios. Los ayuntamientos seguirán pagando directa o indirectamente.
Proponemos afrontar con valentía un debate territorial, de competencias y financiación, en vez de fiar el futuro de nuestros pueblos y ciudades a los criterios del mercado, esas manos invisibles que se encargarán de recortar los servicios, imponer repagos y alejar del control ciudadano las decisiones del ámbito político.
Esta reforma entrega en bandeja nuestros ayuntamientos a una nueva forma de especulación. A nuestro juicio, tiene similar calado en el futuro de nuestros pueblos que la ley del suelo promulgada en 1998, que desenfocó el desarrollo planificado y entregó el urbanismo a la especulación.
El articulado del proyecto de ley es un ataque a la autonomía local porque los municipios, sobre todo los menores de 20.000 habitantes, desaparecen de hecho. No es una afirmación exagerada, cuando la capacidad de decisión de los representantes municipales queda intervenida, en manos de diputaciones, y en los casos extremos, desapareciendo como administraciones.
La intervención y la retirada de competencias, justificada por los baremos de costes, rentabilidad y estabilidad presupuestaria que sean impuestos arbitrariamente por el Gobierno, convertirán a los gobiernos municipales en meros simulacros de representación política, y por ende, en un ficticio proceso de elección los comicios locales. Las decisiones se alejan de las plazas de los pueblos y se tomarán en despachos privados. Treinta y cuatro años de democracia local cumplidos con la mirada puesta en el futuro que una legislación restrictiva quiere oscurecer.
La defensa de la democracia local late en nuestros pueblos y ciudades, allí fue donde nuestra fuerza arraigó para alcanzar la autonomía andaluza y donde atesoramos los valores de igualdad, libertad y justicia social.
